30 de septiembre de 2021
Esperanzadores cambios en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En los dos editoriales anteriores marcamos y remarcamos la necesidad de proveer una reforma estructural en la administración de nuestra obra social.
Recientemente la C.S.J.N. dictó la Acordada 19/2021 mediante la cual se produjeron modificaciones respecto de la ubicación de la mencionada institución en el organigrama del Alto Tribunal y del funcionario que tendrá a su cargo la supervisión de la entidad.
Recibimos con optimismo la decisión, consonante con nuestros incisivos reclamos expresados desde hace años, y hacemos votos para que ese nuevo esquema aplique de inmediato en favor de la mejora de las prestaciones médicas y de la atención a los/as socios/as y sus familias.
Auguramos éxitos a la nueva gestión en la ardua tarea de replantear el funcionamiento de la Obra Social, y en ese marco reafirmamos la necesidad de promover la integración completa del Directorio con participación decisiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Sabemos el deterioro que ha alcanzado el servicio, que en las provincias del país aún ha sido peor, llegando a niveles deplorables. La superación de las impericias verificadas requerirá de una nueva conducción en la que se destaque la voluntad de propender a una verdadera construcción colectiva, eficiente, humana y transparente. Para esa tarea nos ponemos a entera disposición del Alto Tribunal y de las nuevas autoridades, deseando fervientemente que nuestro optimismo no termine abrigando ingenuidad.
Impuesto a las Ganancias.
Un grupo importante de colegas presentó una nota en el Consejo de la Magistratura postulando propuestas muy elaboradas a fin de brindar un tratamiento equitativo a la situación de los/as colegas alcanzados/as por el protocolo de impuesto a las ganancias.
Por ello, vaya nuestro apoyo a los mencionados proyectos, necesarios para lograr zanjar la inequitativa situación por la que hoy atraviesan los/as firmantes y muchos/as otros/as colegas.
Seguramente la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura se convertirá en un ámbito propicio para madurar soluciones que se encuentren a la altura de las circunstancias.
Dos errores no hacen un acierto. Tras la inobservancia de un fallo, la persecución disciplinaria.
En los dos editoriales anteriores visibilizamos la delicada situación que se venía gestando en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debido a que la Inspección General de Justicia postulaba la inobservancia de algunos fallos.
La situación que, en un primer lugar, involucró a una Sala del Tribunal, inmediatamente demandó la atención del Pleno, dada la posición beligerante asumida por la mencionada autoridad administrativa ante las decisiones judiciales dictadas en contralor de su competencia.
Tomamos conocimiento de que el doctor Ricardo Nissen, en su calidad de Inspector General de Justicia, solicitó ante el Consejo de la Magistratura la remoción de los/as jueces/zas intervinientes, con motivo de sus decisiones jurisdiccionales.
Lamentamos que nuevamente la amenaza de juicio político resulte empleada como herramienta para intentar condicionar el ejercicio independiente de la judicatura y, en el ámbito de esa deplorable costumbre, es aún más objetable que el denunciante haya involucrado a un órgano público de permanente relación con el fuero comercial en el que, como todo ente público, sus autoridades resultan circunstanciales y lo que debe preservarse ese el prestigio de la institución.
Confiamos en que el Consejo de la Magistratura rechazará de plano la denuncia y dejará a salvo la independencia de los jueces y juezas en materia de contenido de sentencias, pilar fundamental de la libertad de decisión que debe caracterizar al Poder Judicial.
Causales coincidencias. A propósito de los hechos que involucran al abogado Gregorio Dalbón.
En el último editorial comentamos la denuncia disciplinaria que el doctor Marcelo Gallo Tagle y expresidentes/ta de la Asociación, a título personal, habían formulado contra el doctor Gregorio Dalbón ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con causa en las injuriosas expresiones que había dirigido hacia un juez y un fiscal federal.
También dimos cuenta de otras conductas éticamente reprochables que involucraban al mencionado letrado, como, por ejemplo, enviar velados mensajes públicos al doctor Gallo Tagle, como devolución a su denuncia, publicando fotos del ingreso de su domicilio particular. En aquella publicación señalamos que en la reunión del Consejo Directivo de la Asociación del 20 de septiembre se trataría la moción de esta Lista Bordó para que esa Institución, como tal, se pronuncie sobre las expresiones agraviantes dirigidas por el doctor Dalbón a los mencionados magistrados federales.
La votación del Consejo Directivo arrojó 11 votos por la formulación de la denuncia institucional, en tanto 13 votos fueron en sentido contrario.
Los 11 votos favorables a la formulación de la denuncia corresponden todos los representantes de la Lista Bordó, mientras que los 13 restantes al bloque Compromiso/Celeste.
Hace tiempo que venimos señalando que en los temas centrales de la Asociación, en los que se debate la defensa de la Justicia ante los avances del poder político oficialista y de sus espadas, la posición de nuestra Asociación presenta una marcada tibieza.
Podrán advertir que el editorial de la Lista Bordó siempre resulta más contundente y firme que el de la AMFJN. Eso no se daba en tiempos pasados, donde la Asociación verdaderamente oficiaba de voz política del sentir de la inmensa mayoría de quienes integran el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación.
La respuesta a ese retroceso obedece a que hoy la Lista Bordó no tiene mayoría en el Consejo Directivo y que la Listas Celeste y Compromiso suelen asociarse con evidente condescendencia hacia los embates de la política, obstando la presentación de denuncias, acciones o de comunicados no agradables al paladar del partido de gobierno.
Seguramente esta posición reportará beneficios a quienes prefieren mirar para otro lado u oponerse a lo evidente, pero menguan el espíritu de la Asociación, que fue creada para defender los ideales de un Poder Judicial independiente, como garantía para toda la sociedad y la consecuente defensa de los/as asociados/as frente a aquellos embates.
Sería interesante que las listas colegas expliquen por qué creen que la Asociación no debe tomar parte en una denuncia disciplinaria que solicita el juzgamiento de las expresiones del doctor Dalbón, agraviantes hacia un juez y fiscal, que por su gravedad se proyectan sobre todo el Poder Judicial y de los Ministerios Públicos excediendo el interés particular, que constituyen una verdadera falta ética de un profesional del derecho que litiga ante esos magistrados y que resultan portadoras de violencia. Todas las formas de violencia deben ser repudiadas, combatidas con razón y derecho, y puestas a la vista de la generalidad en aras de su no repetición.
Vemos con preocupación la oposición de las listas colegas en el terreno de los hechos, es decir, al momento de definir posiciones mediante el voto, pues las meras declamaciones en comunicados que no se condicen con lo que en definitiva se hace nos fuerza a concluir en que, una vez más, los intereses personales prevalecen por sobre los colectivos.
¿Para quién se legisla? Sobre algunos proyectos legislativos...
Rechazamos enfáticamente los proyectos de ley que se han presentado ante la Legislatura porteña pretendiendo erigir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en “Tribunal Superior de la Causa” en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional.
Desde hace años la Lista Bordó viene señalando que cualquier construcción interpretativa o normativa que proponga avanzar sobre las competencias jurisdiccionales nacionales resulta inconstitucional.
El lugar sistemático reservado a la intervención jurisdiccional del TSJ inicia y finaliza dentro de la jurisdicción propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin poder proyectarse de manera válida sobre las competencias de la Justicia Nacional y el carácter federal propio de la designación de los/as magistrados/as que la componen y de algunas materias propias de su competencia material.
Pero con independencia de esa posición jurídica, infranqueable hasta el momento desde el punto de vista argumental, nos preguntamos si las reformas impulsadas tienen por real objeto mejorar el sistema de justicia. ¿Acaso al largo periplo que insumen los procesos de conocimiento y causas penales complejas es necesario sumarle una nueva instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Los justiciables y sus letrados están “demandando” una reforma de tal naturaleza, o ella sólo obedece a intereses y estrategias políticas?
Lamentablemente la improcedencia jurídica del nuevo avance se mantiene, a la par que su rechazo se incrementa a poco de advertirse que se inspira en intereses extraños al mejor funcionamiento de la justicia.
Damos por descontado el acompañamiento de las otras listas que componen la Asociación en este tema, por expresada convicción. Y porque además esta posición editorial no disgusta a la coalición gobernante sino al signo político opositor.
Lista Bordó