19 de octubre de 2021
El nacimiento -con fórceps- de un recurso procesal nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
Nuestros últimos editoriales constituyeron las primeras advertencias del ámbito judicial respecto a la reforma que venía madurándose en el seno de la Legislatura porteña, y que culminó con la sanción de la ley que pretende erigir al Tribunal Superior de Justicia en última instancia los procesos que tramitan por ante la Justicia Nacional.
Insistimos en la necesidad de que todos los espacios que convergen en la AMFJN aúnen esfuerzos y criterios en pos de la pronta ejecución de las acciones legales que deban darse para detener tamaña injerencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por sobre la Nacional, a lo que habrán de sumársele medidas concretas para informar a la generalidad respecto de las severas consecuencias institucionales que aparejaría la efectivización de la norma aún no promulgada.
No llegamos a comprender la compatibilidad y mérito de la reunión mantenida por algunos jueces y juezas de la Lista Celeste con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la manera de “reunión de gabinete de Justicia” (https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministro-soria-recibio-magistrados-y-funcionarios-de-la-justicia-nacional-la-ley). No la advertimos con claridad porque creemos que debemos oponernos al embate que se nos dirige desde la Legislatura porteña con fuerza y agenda independiente.
Sería interesante que quienes participaron en la reunión explicaran la estrategia, si propende al bienestar colectivo, claro. Ello para poder determinar el provecho de sus gestiones y desestimar la idea que pulula por los despachos judiciales respecto de que se trató de una muestra de alineación con el partido de gobierno en el marco de la disputa política que subyace a la sanción de esa ley, que tiene por principales actores -aunque no víctimas, pues ellas resultan ser las instituciones y los justiciables- al partido de gobierno y la oposición.
Puja política en la que preferimos no ingresar por no corresponderse con nuestro ámbito de debate y además porque las falencias de la ley resultan tan evidentes que no es necesario aditarle una carga ideológica contraria para incrementar su repelencia: desafía el ordenamiento constitucional y ello basta para su rechazo.
Vacante en la CSJN. Un reemplazo que invita a la reflexión.
No es necesario explayarse respecto de la relevancia institucional que ha tenido el paso de la doctora Elena Highton por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su aporte no sólo ha contribuido al derecho con destacada doctrina, enriqueciendo la comprensión jurídica del Alto Tribunal. La estela de luz que ha dejado su trayectoria profesional ha dado lugar a debates que la República demandaba con premura, como ser la plena introducción de la perspectiva de género dentro del quehacer judicial y su vigencia indiscutible en cualquier estructura de gestión.
Pero más allá de la gran responsabilidad con la que iniciará el reemplazo, dada la obra a continuar, inmediatamente se abre un desafío de orden institucional que exorbita la figura de quien la reemplazará y que se plantea en los siguientes términos: la clase política tomará nota de que la postulación que corresponda deberá comunicar a la ciudadanía ecuanimidad, compromiso con la institucionalidad y una verdadera consustanciación con los problemas y temores que la embargan?
Deseamos fervientemente que la discusión se pueda dar en toda su extensión, y que la/ las candidatura/as respondan al mejoramiento de las instituciones y no a fidelidades partidarias, coyunturales y nimias a poco que se comparan con la dimensión institucional reservada a la Corte Suprema de Justicia en el marco del Estado de Derecho.
Necesaria compensación para fiscales, defensores/as y funcionarios/as que intervienen en causas del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Con inmediatez al dictado de la Acordada 20/2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Lista Bordó señaló la necesidad de que los/as fiscales, defensores/as y funcionarios/as judiciales y de los Ministerios Públicos, que intervienen en las causas del Código Procesal Penal Federal, resulten alcanzados/as por el reconocimiento allí resuelto en favor de jueces y juezas.
Tal posición fue compartida por la Lista Compromiso Judicial -sólo en lo que respecta a los magistrados- y hecha propia por la Lista Celeste en términos sustancialmente análogos a los de la Lista Bordó.
Celebramos el acompañamiento general de la Lista Celeste y el de Compromiso Judicial en sus términos, pero debemos dejar en claro que esa compensación debe tener carácter permanente e intangible.
Se la debe concebir como inmanente a la función y, por ende, inalterable en el tiempo. Debe integrar la remuneración de manera definitiva y no constituir un rubro transitorio producto de mayorías circunstanciales que se conforman en el Consejo de la Magistratura.
No se trata de un regalo que se gestiona sino de un derecho que se reconoce, y por ello resulta imprescindible lograr una política coordinada entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y las cabezas de los Ministerios Públicos Nacionales.
Seamos cautos, pensemos fórmulas estables. La sobreactuación no materializa aspiraciones, las deteriora.
A vos no te importa? A mí sí!
Vemos con mucha preocupación la línea de acción en la que ha incursionado la Lista Celeste respecto de la situación de los/las colegas alcanzadas por el impuesto a las ganancias.
Lamentamos que, movidos por intereses que desconocemos en profundidad pero que claramente no conjugan con el general de los afectados, hayan decidido elevar a la discusión pública determinadas cuestiones que se venían tratando en ámbitos adecuados para su maduración y búsqueda de consensos generales.
Aquí sucede algo bastante parecido a lo tratado en el punto anterior y ello nos fuerza a demandar prudencia a la hora de exteriorizar proyectos. Incluso el publicitado se encuentra bastante lejos de ser la mejor alternativa de las que se debaten en pos de una solución razonable para la compleja situación que todos conocemos.
Esperamos que lo que sigue de la campaña se desarrolle en un clima de mayor mesura, advirtiendo que no todo vale, tomando conciencia de la implicancia de las acciones en las que se involucra a los órganos de gobierno del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, y procurando coherencia entre lo que se dice y hace (especialmente apreciando la situación personal del candidato a presidente de la AMFJN por la Lista Celeste en lo que a este tema puntual respecta).
La problemática de ganancias es lo suficientemente importante para dejarla fuera de la propaganda berreta, tomemos el tema con seriedad.
Sobre las primeras declaraciones del flamante Ministro de Seguridad de la Nación.
Preferimos pensar que las personas cambian, maduran y perfeccionan sus hábitos y esquemas de razonamiento. Por ello nos inclinamos por una posición cauta respecto de las primeras expresiones públicas ofrecidas en relación con temas judiciales por el flamante Ministro de Seguridad, abogado y contador Aníbal Fernández.
Su puntual intervención respecto de un conocido historietista, que nos sabe a mañas tratadas en los últimos editoriales a propósito de las operaciones del inefable doctor Dalbón (protegido de las listas colegas a la horas de los hechos -votos-, ver editorial de fecha 30/9/21 y al que éste remite), aunque preocupa, no resulta harina de este costal. No obstante, sí nos inquieta su permanente vocación de mostrar a los jueces y juezas como co-responsables de los brutales hechos de inseguridad que tienen lugar, día tras día y noche tras noche, principalmente en el conurbano bonaerense.
Debemos encender una luz de alerta frente a tales declaraciones, pues en definitiva proponen nuevamente el empleo de la prisión preventiva como un paliativo a la ineficiencia que presenta el poder administrador en la gestión de la seguridad pública.
Posición que, valga destacar, incluso choca con la línea editorial que el gobierno nacional y bonaerense han elegido por base y soporte ideológico-argumental en materia penal, “Justicia Legítima” a la cabeza.
Compleja situación que habrá que seguirse con atención, pues la experiencia enseña que cuando las cosas superan la capacidad de gestión de la política terminan sobre un escritorio judicial.
Lista Bordó